La administración de Donald Trump ha solicitado una intervención de emergencia a la Corte Suprema para poder implementar medidas que restrinjan el voto por correo, a falta de apenas dos meses para las elecciones de mitad de mandato de noviembre. Ante el inminente inicio del envío de papeletas en algunos estados, crece la preocupación de que el caos en los centros electorales se intensifique a medida que se agravan las batallas legales sobre las normativas del voto por correo. Según informaron Associated Press y CNN el día 3, la administración Trump presentó una moción de urgencia ante la Corte Suprema para suspender los efectos de una decisión de un tribunal federal de Massachusetts que había paralizado temporalmente la aplicación de nuevas normas del Servicio Postal de los EE. UU. (USPS) sobre el voto por correo.
El pasado mes de marzo, el presidente Trump emitió una orden ejecutiva que facultaba al Servicio Postal para rechazar la entrega de papeletas a aquellos estados que no presentaran sus censos electorales o no cumplieran con un formato estandarizado para los sobres de votación. En respuesta, 23 estados gobernados por demócratas y grupos cívicos defensores del derecho al voto presentaron demandas, argumentando que la administración Trump vulneraba la autoridad de los gobiernos estatales para gestionar los comicios. El pasado junio, el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito de Massachusetts emitió un fallo suspendiendo la aplicación de la orden, medida que fue ratificada el mes pasado por el Tribunal de Apelaciones de los EE. UU.
Sin embargo, el día 24 del mes pasado, la Corte Suprema dio la razón a la administración, dictaminando que la decisión del tribunal inferior de suspender la aplicación había sido prematura, dado que el Servicio Postal aún no había publicado las normas específicas de implementación. Posteriormente, una vez que el Servicio Postal anunció las normativas detalladas, el bando demócrata presentó una nueva demanda y el tribunal federal de Massachusetts suspendió la implementación de dichas normas durante dos semanas, el día 27 del mes pasado.
En consecuencia, la administración Trump ha vuelto a solicitar la intervención de la Corte Suprema respecto a la orden judicial que bloqueaba la implementación de las nuevas normas de voto por correo. El Departamento de Justicia refutó las alegaciones de que las nuevas normas vulneran la autoridad de los estados para gestionar las elecciones, afirmando que se trata simplemente de «requisitos limitados relativos al diseño del sobre y a la información del destinatario».
Asimismo, se argumentó ante la Corte Suprema que «esta normativa no usurpa claramente la autoridad del gobierno estatal para gestionar las elecciones», sino que simplemente «establece requisitos razonables de preparación para el correo específico relacionado con los comicios». Por el contrario, algunos estados y gobiernos locales se oponen a la medida, argumentando que resulta difícil transformar el sistema por completo apenas dos meses antes de las elecciones, dado que las papeletas y los sobres ya han sido impresos. En particular, Carolina del Norte se encuentra ahora en una situación en la que la Corte Suprema debe emitir un fallo con prontitud, ya que el 4 de septiembre comienzan los procedimientos de votación propiamente dichos, incluido el envío de papeletas a los electores que solicitaron votar por correo.
